El Poder Ejecutivo resolvió posponer la firma del contrato entre OSE y el consorcio privado Aguas de Montevideo para comenzar la construcción del proyecto Neptuno hasta que los equipos técnicos del presidente electo, Yamandú Orsi, estudien de manera pormenorizada el documento.

En agosto del año pasado, el gobierno adjudicó la construcción de la planta potabilizadora que se ubicaría en la zona de Arazatí, departamento de San José, a las empresas privadas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. El principal objetivo del proyecto es suministrar agua potable al área metropolitana con una fuente alternativa que tomaría agua desde el Río de la Plata.

El costo total contractual previsto es de alrededor de 800 millones de dólares; se prevé que el consorcio privado financie cerca de 250 millones de dólares durante los primeros dos años, y luego, en los siguientes 17 años y medio, OSE deberá pagar un canon de más de 45 millones de dólares.

Según Orsi, “hay algunos aspectos del proyecto que no terminan de convencer. No es que no comparta que se pueda tomar agua de lugares alternativos al río Santa Lucía, pero, tal cual está planteado, no es lo más conveniente”, afirmó.

El exdirector de OSE en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, dijo que “lo lógico es que el tema se vea cuando el presidente electo conforme los equipos que vayan a ocuparse de esa área, y con las orientaciones que traslade para encararlo”.

Semanas atrás, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° turno revocó la medida cautelar que había dispuesto el juez Alejandro Recarey y dio luz verde a la firma del contrato entre OSE y Aguas de Montevideo.

Recarey había argumentado en su sentencia, entre otras cosas, que existían “bases para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable en infracción constitucional”.