En los últimos 20 días de octubre, se registraron tanto muertes de trabajadores del sector como fallecimientos de terceros en siniestros relacionados con camiones. Según Juan Dorado, dirigente gremial, la medida responde tanto a la necesidad de rendir homenaje a las víctimas como a la urgente demanda de políticas de seguridad vial más efectivas por parte del Ministerio de Transporte y la Unidad Nacional de Seguridad Vial.

El sindicato reclama tres medidas clave: la implementación de un sistema de control horario para regular las jornadas laborales, la actualización del convenio que regula las horas de trabajo y descanso, y la revisión de reformas recientes que consideran peligrosas. En particular, Dorado criticó la propuesta de reducir la edad mínima para conductores profesionales de carga a 18 años y el aumento de la edad máxima de conducción de 70 a 75 años. A juicio del gremio, estas modificaciones representan riesgos para la seguridad vial, especialmente al permitir que personas mayores de 70 años conduzcan camiones de gran tonelaje sin los controles adecuados.

En continuidad con las denuncias realizadas por el Sindicato, el dirigente sindical, Damián Fernández expresó la frustración del sector al no recibir respuestas claras ni de los actores políticos ni de las autoridades competentes para abordar los problemas de seguridad y regulación en la actividad. Fernández destacó la falta de interés de los políticos para comprometerse en la creación de políticas serias para el sector, mientras que Juan Dorado criticó la desregulación del sistema, afirmando que hay intereses detrás de esta situación que favorecen a ciertos actores, como los cargadores.

Dorado también mencionó que, a pesar de las constantes denuncias, las autoridades no han tomado medidas efectivas, incluso señalando que en 2018 el Parlamento solicitó al presidente que reglamentara el Convenio 153, una ley ratificada por Uruguay en 1989, pero que aún no se ha implementado. Ante esta situación, el sindicato no descarta continuar con más medidas de protesta tras el paro del 12 de noviembre, buscando generar un precedente para que el próximo gobierno se comprometa con la reglamentación de la ley y la mejora de las condiciones laborales y de seguridad en el sector.