En junio, Recarey había hecho lugar a una medida cautelar presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y el colectivo Los Tucu Tucu de San José y había ordenado detener las obras.

La medida de no innovar impedía a OSE firmar el contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas privadas Ciemsa, Saceem y Berkes Construcción y Montajes.

La idea era suspender el contrato hasta que se garantizara el cumplimiento de estándares ambientales y legales, incluyendo un análisis de impacto ambiental y la participación ciudadana en la planificación hídrica.

Las empresas del consorcio, no citadas previamente, apelaron por considerar que se violaron sus derechos procesales al no permitirles participar ni defenderse.

El Tribunal resolvió que las empresas debieron ser escuchadas antes de dictar la medida cautelar, tal como exige el artículo 317 del Código General del Proceso (CGP).

El caso vuelve al Juzgado de Primera Instancia, con instrucciones para garantizar el derecho de defensa de todas las partes involucradas, señala la sentencia.