En ese sentido, Ceretta explicó que el fallo no es apelable y que la disposición de la Justicia no implica el fin del proceso sobre las medidas cautelares, sino que la causa vuelve al estado anterior a las instancias anuladas, por lo que no es necesario volver a presentar la solicitud de suspender la firma. De todas formas, el fallo del tribunal habilita a las partes a concretar la firma del contrato, por lo que es posible que OSE y Aguas de Montevideo lo firmen antes de que el juez subrogante convoque a Aguas de Montevideo para retomar la causa con su participación.

Una vez firmado el contrato, la causa sobre la pertinencia de suspender la firma pierde sentido, pero podría modificarse el objeto de la petición de los denunciantes, que podrían plantear la suspensión de una acción posterior, como, por ejemplo, el inicio de las obras.

Más allá de la medida cautelar de no innovar, el litigio continuará sobre el fondo del asunto, que es la acción de requerimiento presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización Tucu-Tucu para que quede sin efecto el proyecto Neptuno por considerar que atenta contra las disposiciones constitucionales que otorgan al Estado la administración del servicio de agua potable.

Ceretta manifestó que “una vez que se firma el contrato, aunque la obra no se lleve a cabo, va a haber daños y perjuicios a indemnizar y eso ya genera un daño para el Estado, que nos va a costar mucho dinero a los uruguayos”, lamentó el abogado.