El Dr. Juan Ceretta, abogado y responsable de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República (UDELAR), anunció que se está preparando una nueva acción judicial contra el Proyecto Neptuno, en colaboración con organizaciones sociales que se oponen a la iniciativa. La acción se sumará a las anteriores, que fueron desistidas tras la firma del contrato y la autorización ambiental.

Durante una mesa redonda celebrada el sábado en San José de Mayo, Ceretta explicó que, dado que las acciones previas ya no tienen propósito, se están evaluando nuevas estrategias legales para cuestionar la validez del contrato firmado entre el Gobierno uruguayo y el Consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y FAST.

En sus declaraciones, Ceretta destacó:
«Las acciones que ya teníamos iniciadas perdieron sentido en tanto lo que se proponía o lo que se perseguía en esas acciones era que no se firmara el contrato y que no se otorgara la autorización ambiental previa. Esas dos cosas ya ocurrieron, razón por la cual ya ese accionamiento en sí con ese propósito no tiene sentido. Lo que empezamos a estudiar desde que se firmó el contrato hasta ahora es que otro tipo de accionamiento se puede plantear para cuestionar ya un contrato que no podemos negar que existe.»

Ceretta explicó que el nuevo enfoque busca cuestionar la validez del contrato firmado y detalló que el equipo está explorando las vías legales para impugnarlo. Según Ceretta, existen razones para considerar que el proyecto y el contrato infringen la Constitución, en particular por su impacto en el suministro de agua potable y la protección del medio ambiente.

«Para nosotros este contrato, este proyecto en sí vulnera la constitución y por tanto el contrato también vulnera la constitución por distintas razones. Una, porque instituye una especie de privatización del suministro de agua potable, por lo menos en alguna de las etapas de ese proceso, y por otro lado porque también vulnera el artículo 47 en el sentido de la protección del ambiente, de los daños ambientales que este proyecto trae consigo», explicó Ceretta.

El abogado anticipó que se buscará la nulidad del contrato y la suspensión de las obras mediante una medida cautelar. Ceretta también destacó los posibles efectos perjudiciales para la población y el medio ambiente que podría generar el proyecto, sobre todo en relación con el acuífero Raigón.

Por su parte, María Selva Ortiz, representante de la agrupación Redes Amigos de la Tierra, reiteró la postura de su organización, que considera que el Proyecto Neptuno no garantiza el acceso adecuado al agua potable debido a la alta salinidad que presenta el Río de la Plata durante el verano.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó a principios de marzo que el Gobierno uruguayo ya está trabajando en la renegociación del contrato. Sánchez subrayó que la obra aún no ha comenzado, lo que ofrece la oportunidad de introducir modificaciones en el acuerdo. El consorcio encargado de la obra será convocado a participar en una mesa de negociación destinada a revisar los términos del contrato.

El Proyecto Neptuno, que incluye la construcción de una planta potabilizadora en la Playa Arazatí, en el departamento de San José, ha sido objeto de debate por sus implicaciones ambientales, su costo y su ubicación. Sánchez destacó que el consorcio encargado de la obra ha manifestado su disposición a dialogar y modificar el acuerdo.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, expresó que existe un "margen de maniobra" para renegociar el proyecto, confiando en la disposición de las empresas a llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes. Orsi indicó que se definirán los detalles con los responsables de distintas áreas del gobierno antes de mantener una mesa de negociación con los ejecutores del proyecto.

Desde el sector empresarial, Alejandro Ruibal, director de Saceem, mostró su disposición para colaborar en la revisión del contrato, señalando que el consorcio está abierto a realizar las correcciones necesarias para que el proyecto avance de manera favorable para el país.