Viñas destacó la inconstitucionalidad del punto 4 del contrato, que podría invalidar el proyecto según el Código Civil, aunque aseguró que no parece haber intención de llegar a ese punto.

Además, cuestionó la viabilidad de la nueva toma de agua en una zona del Río de la Plata con altos niveles de contaminación, sugiriendo que la opción de utilizar otra toma más limpia debería ser considerada. Sin embargo, advirtió que esto podría implicar que el proyecto deje de ser considerado una iniciativa privada y requiera un replanteamiento total.

Según Viñas, la negociación actual no está abordando los problemas fundamentales, como la financiación del proyecto ni la urgente necesidad de reducir las pérdidas de agua en el sistema OSE, cuyo impacto es más significativo que la ampliación de la infraestructura. También resaltó la falta de propuestas para mejorar la situación de la cuenca del Santa Lucía, fundamental para el abastecimiento del país.