Olagüe negó que exista un “gasto que haya aparecido”, como sostuvo Battaglino, y explicó que el monto señalado corresponde a pagos por adelantado realizados por la Intendencia a fideicomisos, en cumplimiento de contratos vigentes. Según indicó, esos fondos fueron registrados como un activo, ya que representan recursos a favor de la ISJ y no gastos ejecutados.

El jerarca atribuyó la discrepancia a un cambio de criterio contable aplicado por el Tribunal de Cuentas, que ahora determina que tales pagos deben contabilizarse como gasto, dado que la contabilidad presupuestal no contempla la figura de “activo”. Olagüe afirmó que, en ejercicios anteriores, el mismo criterio de registración había sido avalado por el Tribunal, y cuestionó que se modifiquen las reglas “una vez cerrado el ejercicio 2023”.

Asimismo, señaló que la nueva interpretación no es compartida por varias intendencias, incluida la de San José, y reiteró que los 80 millones de pesos mencionados no constituyen ni un gasto ni una deuda, sino fondos adelantados para compromisos futuros. “Decir que hay 80 millones más de gasto no es correcto, y tampoco lo es informar que existe un mayor déficit acumulado”, subrayó.

Olagüe sostuvo que el resultado del ejercicio 2023 fue un superávit de 10 millones de pesos y aseguró que la próxima administración contará con un presupuesto libre, sin restricciones financieras ni deudas comerciales que afecten su ejecución.

Por su parte, la candidata frenteamplista reafirmó sus cuestionamientos a la información contable presentada por la Intendencia. Battaglino argumentó que el informe del Tribunal de Cuentas no avaló los resultados del Ejecutivo departamental, al detectar un monto de 80 millones de pesos no incorporado al cierre del ejercicio.

“Hay una clara falta de transparencia en la manipulación de los números”, afirmó, y sostuvo que presentar una rendición de cuentas errónea “no es una buena práctica”, criticando además la actitud de las autoridades por cuestionar al organismo que detectó la observación.

Según Battaglino, la responsabilidad de presentar la información según lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas recae en la ISJ, y no hacerlo “induce a error”. Afirmó que, de acuerdo con el informe del organismo, el déficit acumulado asciende a 462 millones de pesos.

La candidata también mencionó otras observaciones del Tribunal, como irregularidades en horas extras y compensaciones, falta de inventario actualizado, omisión de montos en convenios, y ausencia de información sobre juicios y contrataciones. “Estas observaciones no pueden continuar”, sostuvo, al tiempo que señaló demoras en la entrega de informes y el incumplimiento de dictámenes.

Battaglino concluyó que se necesitan respuestas claras para dar certeza sobre los recursos disponibles para la próxima administración.