En medio del plazo de 90 días acordado por el Poder Ejecutivo con el consorcio privado Aguas de Montevideo para revisar el contrato del proyecto Neptuno, organizaciones sociales anunciaron la presentación de una nueva acción judicial contra la iniciativa. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) y la agrupación Tucu Tucu impulsarán un juicio de nulidad, alegando que el contrato es inconstitucional.

El proyecto Neptuno plantea la construcción de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, departamento de San José, con toma de agua desde el Río de la Plata, destinada a abastecer el área metropolitana. Las organizaciones cuestionan tanto el diseño como la legalidad del acuerdo firmado durante el gobierno anterior.

El nuevo recurso judicial está siendo elaborado por el Consultorio Jurídico y la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El abogado Juan Ceretta, parte del equipo legal, explicó a ladiaria que se trata de una acción ordinaria para solicitar la nulidad del contrato. “Aunque esté firmado por las partes, se puede declarar nulo si viola la Constitución”, señaló.

Desde la CNDAV, María Selva Ortiz afirmó al citado medio que el contrato es inconstitucional por contradecir el artículo 47 de la Constitución, que establece que los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento deben ser prestados de forma exclusiva por personas jurídicas estatales. También sostuvo que el acuerdo es ilegal e inconvencional, por contravenir leyes nacionales y convenios internacionales como el Acuerdo de Escazú.

El Ministerio de Ambiente, bajo la nueva administración, ha expresado su intención de mantener los contratos vigentes, aunque ha admitido cuestionamientos sobre la localización de la planta, el costo de la financiación y la capacidad del proyecto para garantizar el suministro de agua. El ministro Edgardo Ortuño ha señalado que el modelo del proyecto combina gestión pública y privada, dado que OSE operaría la planta, mientras que el consorcio privado se encargaría de la toma de agua.

La nueva acción judicial será acompañada de una solicitud de medida cautelar para suspender el inicio de las obras mientras se resuelve el juicio. Actualmente no hay litigios en curso, ya que las organizaciones sociales decidieron no continuar con una causa anterior presentada en la órbita civil.

En la misma línea, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) expresó su rechazo a cualquier renegociación del contrato y pidió su anulación. El colectivo cuestiona la legalidad del acuerdo y la idoneidad técnica del proyecto, citando riesgos ambientales asociados al uso del Río de la Plata como fuente de agua y discrepancias con la comunidad científica.

“El acceso al agua es un derecho humano y debe permanecer bajo gestión pública”, sostuvo el Movus en un comunicado, donde afirmó que la cesión parcial del servicio a privados contradice principios fundamentales del marco constitucional.

La presentación judicial se concretaría en los próximos días, mientras continúa el proceso de renegociación entre el gobierno y el consorcio privado.

Fuente: ladiaria