La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) celebró como un “avance significativo” la reunión mantenida este lunes con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que se comenzó a revisar la situación de seis docentes del Liceo 1 de San José sancionados en 2021.

José Olivera, presidente de Fenapes, explicó que esta instancia marca un punto de inflexión, ya que por primera vez el Estado uruguayo da señales concretas de cumplir con las recomendaciones emitidas en 2023 por el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Ese organismo había exhortado al gobierno a reconsiderar las medidas adoptadas, buscando un equilibrio entre la neutralidad política en los centros educativos y el derecho a la libertad sindical.

El origen del conflicto se remonta a octubre de 2019, cuando la entonces directora del liceo, Miriam Arnejo, denunció a 16 trabajadores del Liceo 1: 15 docentes y una auxiliar, por participar en una campaña sindical contra la reforma constitucional “Vivir sin miedo”. Aunque las autoridades del Consejo de Educación Secundaria archivaron en un primer momento la investigación, esta fue reabierta en 2020 a instancias de la nueva directora general de Secundaria, Jenifer Cherro. Como resultado, se inició sumario a 14 docentes y a la auxiliar, con separación del cargo por seis meses y retención del 50% de los haberes. Finalmente, seis profesores fueron sancionados.

En declaraciones a Informativo41, José Olivera sostuvo que la actividad cuestionada ocurrió fuera del horario escolar, sin presencia de estudiantes, y en el marco de una acción sindical legítima. Según argumentó, la administración no logró probar una infracción a la laicidad ni actos de proselitismo político, y calificó las sanciones como una forma de “persecución antisindical”.

“El Comité fue claro en señalar que las expresiones sindicales pueden tener lugar en los centros educativos siempre que no interfieran con el normal desarrollo de las clases ni vulneren los derechos de los estudiantes”, recordó Olivera. En esa línea, consideró imprescindible revisar el caso para reparar lo que definió como una violación a derechos fundamentales.

Desde el Poder Ejecutivo, el subsecretario del MTSS, Hugo Barretto, afirmó en rueda de prensa que el encuentro formaliza un proceso de diálogo que ya venía gestándose entre el Codicen y los sindicatos. Agregó que las recomendaciones de la OIT “abrieron la posibilidad de revisar las sanciones”, y que el Estado uruguayo deberá brindar una respuesta formal al organismo internacional.

Por su parte, la consejera del Codicen Elbia Pereira expresó la disposición del organismo a revisar el caso y atender toda situación que pueda haber implicado una afectación a la libertad de expresión o a los derechos sindicales de los docentes involucrados.

Consultado sobre plazos concretos, Olivera indicó que no se manejan fechas específicas, aunque remarcó que existen elementos suficientes para fundamentar una revisión. También planteó la necesidad de contemplar una reparación moral e institucional para los docentes afectados, algunos de los cuales se jubilaron con la sanción aún registrada en su legajo.

Fenapes confía en que este proceso derive en la revocación de las sanciones y en la plena restitución de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores implicados. Para el sindicato, este primer paso representa una señal positiva del Estado uruguayo ante la comunidad internacional en materia de respeto a los derechos fundamentales.