En febrero de 2024, un tribunal arbitral internacional dictaminó que Uruguay violó compromisos internacionales al cerrar Pluna, calificando la medida como "irracional, contradictoria e idiosincrática". Según el fallo, la actuación del Estado uruguayo contravino principios de razonabilidad, transparencia y justicia, motivo por el cual se ordenó el pago millonario a LARAH.

El fallo se volvió definitivo en junio de 2024 al no ser apelado por Uruguay. Desde entonces, LARAH ha insistido en el cumplimiento del pago, que con intereses acumulados alcanza los 61,1 millones de dólares. Asimismo, los intereses continúan creciendo en aproximadamente 500.000 dólares mensuales.

Ante la negativa de pago, LARAH embargó activos en Luxemburgo, un país clave para los bonos internacionales de Uruguay. Además, anunció que avanzará con la ejecución del fallo en otras jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos.

El embargo podría afectar la percepción de Uruguay en los mercados internacionales, especialmente debido a la importancia de sus bonos soberanos en Luxemburgo. LARAH ha asegurado que continuará con las acciones legales hasta recibir la totalidad del monto establecido por el tribunal.

La demanda fue presentada en 2019 por Caballero Verde, un holding panameño que adquirió LARAH, propietaria del 75% de Pluna a través de Leadgate Investment. El conflicto se originó tras la decisión del gobierno uruguayo, encabezado por José Mujica, de estatizar y liquidar Pluna en 2012.

Leadgate había adquirido Pluna en 2007, luego de la crisis de la brasileña VARIG, y emprendió un proceso de modernización que posicionó a la aerolínea como una low-cost regional. Con una flota de 13 aviones CRJ-900 y un hub en el Aeropuerto de Carrasco, Pluna conectaba ciudades del Cono Sur, alcanzando cifras récord en tráfico de pasajeros. Sin embargo, en 2012, el gobierno de Mujica alegó desmanejos de la gerencia para justificar la estatización y posterior liquidación de la aerolínea.

Posteriormente, el Estado creó la compañía Alas Uruguay, que solo operó entre 2015 y 2016. Este desenlace, según LARAH, afectó gravemente sus intereses, desencadenando el litigio que sigue generando consecuencias económicas y diplomáticas para Uruguay.