En su comunicado, Presidencia reconoció que desde mayo de 2024 se mantuvieron negociaciones con Larah para cumplir con el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que en febrero condenó a Uruguay a pagar 80 millones de dólares. Las conversaciones incluyeron una oferta económica que fue aceptada, pero se rompieron cuando Larah exigió el fin de los procesos penales contra los exdirectivos de Leadgate Hugo Sebastián Hirsch, Arturo Álvarez Demalde y Matías Campiani, acusados de estafa agravada.

Uruguay rechazó la condición por considerarla contraria a la Constitución y las leyes, lo que llevó a Larah a retirarse de las negociaciones el 14 de noviembre. Presidencia destacó que el Memorando de Entendimiento firmado en 2012 establecía que los accionistas de Pluna debían mantener al Estado indemne frente a demandas legales, algo que Larah habría incumplido.

El gobierno aseguró que sigue dispuesto a buscar una solución amistosa, pero sin aceptar condiciones que violen las normas del país. El caso sigue generando repercusiones financieras y legales para Uruguay, particularmente en los mercados internacionales.