El proyecto Neptuno, que busca construir una planta potabilizadora en Arazatí, sigue generando polémica entre el gobierno saliente y el entrante. A pesar de las modificaciones propuestas por las empresas del Consorcio Aguas de Montevideo, el próximo ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, calificó los cambios como insuficientes y reafirmó su oposición al proyecto.

Eliminar o reducir el pólder, sustituirlo por una reserva de agua dulce y el “esbozo” de la posibilidad de generar una nueva toma de agua hacia el oeste de donde está planteado hoy el proyecto fueron las alternativas planteadas. Sin embargo, Ortuño considera que estas propuestas sólo abordan el diseño del proyecto, ignorando problemas más amplios, como el modelo de negocio, que obligaría a OSE a realizar pagos anuales de entre 50 y 57 millones de dólares por disponibilidad. Según Ortuño, este esquema podría desfinanciar a OSE, comprometiendo su capacidad para ejecutar obras prioritarias, como la represa de Casupá.

El presidente electo, Yamandú Orsi, adoptó un enfoque más cauteloso, señalando que el gobierno entrante analizará los cambios junto con sus asesores técnicos. Para ello, se solicitó que las modificaciones se presenten por escrito y estén respaldadas por informes técnicos.

Además de las críticas al modelo de negocio, el proyecto enfrenta cuestionamientos legales y ambientales. Cabe recordar que organizaciones sociales que se oponen al proyecto Neptuno han iniciado acciones para impugnar la autorización ambiental previa, lo que añade un obstáculo más a su implementación.

Mientras tanto, Ortuño insiste en que el modelo de gestión planteado, que combina operación pública y privada, vulnera principios constitucionales que garantizan la gestión pública del agua.